El conversatorio se iniciaba con unas palabras de Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030, en las que proponía un trabajo en colaboración para lograr garantizar, de manera más eficaz, los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. "Colaborando con la sociedad civil se consigue cumplir con la agenda 2030", afirmaba al mismo tiempo que invitaba "a construir un país más inclusivo y mejor para todos", puesto que atendiendo y garantizando los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, se contribuye a avanzar más y mejor en el cumplimiento de los ODS.

 

 

Por su parte, Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Ecuador, destacaba la oportunidad de celebrar un conversatorio con esta temática ya que, aunque existen numerosos instrumentos internacionales que reconocen la especial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas con discapacidad, la realidad sigue siendo muy preocupante. Asegura que “los datos muestran las evidencias de la discriminación" y el desafío es pensar en las alternativas que permitan subsanar esta realidad. En cualquier caso, asevera que “las decisiones deben tender a promover la participación plena y efectiva de las mujeres y niñas con discapacidad en todas las esferas y a potenciar su empoderamiento y liderazgo”. Este impulso no debe quedar tan solo en manos de la sociedad civil ni de los gobiernos o autoridades, las personas, cada uno de nosotros, “tenemos que reivindicar sus derechos”, ya es hora de que “todas las personas nos veamos como iguales y tomemos en serio esa promesa que nos hicimos al adoptar la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás”.

 

A continuación, Facundo Chávez, asesor de Derechos Humanos y Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relata que formó parte del proceso de negociación de los ODS y asegura que “desde el principio quedó claro que la nueva agenda de desarrollo tenía que estar anclada en los derechos humanos”. Sin embargo, aunque era evidente la intención de incluir al sector de la discapacidad, y la perspectiva de género, en los mismos, la Agenda 2030 en sí misma no desgranaba las políticas públicas necesarias. Asegura que, para solventar esta brecha, “hemos desarrollado una serie de herramientas que dan una dimensión de género y discapacidad a todos los objetivos que son particularmente relevantes para las personas con discapacidad”. Y como a su juicio, “lo que no se mide, se pierde”, afirma, “ofrecemos un mecanismo que permita medir los resultados”. 

 

En cuanto al movimiento de mujeres con discapacidad, este experto considera que ha logrado en muy poco tiempo encontrar su hueco en la agenda internacional y compara la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, con otros tratados de derechos internacionales que cumplen ahora 75 años que todavía están lejos de lograr sus objetivos.

 

 

Ana Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad, comienza con una breve introducción en la que resume el recorrido histórico que nos lleva a la situación actual. Explica así, que la Agenda 2030 comenzó a negociarse hace unos 10 años, en un contexto muy distinto al actual, que califica de “adverso a la agenda 2030”. A su juicio, ese contexto adverso está marcado por dos elementos, uno de ellos es el “contexto ultranacionalista donde los centros de poder en el mundo priorizan una agenda nacional, la agenda del 'nosotros primero' por encima de la de 'no dejar a nadie atrás'”; el otro elemento es el nuevo contexto que define como conservador, incluso ultraconservador, donde cuestionan muchas reivindicaciones de las mujeres, y en el que se encuentran incluso negacionistas de la violencia de género. Dos dimensiones que resume como ultranacionalista y ultraconservadora.

 

Asegura Alcalde, que en estos últimos cinco años apenas se ha avanzado, incluso puede que se hayan paralizado los progresos en todo lo relacionado con los ODS y, en concreto, “el último informe de Naciones Unidas revela que en los indicadores vinculados al objetivo 5, el de las mujeres, llevan enorme retraso”. Pero las cosas no parece que vayan a mejorar, añade, con las terribles consecuencias de la pandemia de coronavirus, “muchas cosas van para atrás en igualdad de género”. 

 

Lo que sí es positivo, y destaca con énfasis, “es la capacidad de los movimientos de mujeres de organizarse a nivel nacional... la respuesta del movimiento de mujeres a ese movimiento ultranacionalista es de las pocas respuestas que tratan de apuntalar y defender la agenda 2030”. Y de ahí que reclame también la importancia de los recursos para estos movimientos de mujeres, “porque son ellas el revulsivo necesario para que los demás actores cumplan”.

 

 

Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), comienza su intervención afirmando con contundencia, y un deje de tristeza, que “la Agenda 2030 se olvidó de las mujeres con discapacidad”. El movimiento de mujeres hizo un trabajo espléndido para que la dimensión de derechos de las mujeres fuera tomada en consideración, no solo en el ODS 5 sino a lo largo de los 17 ODS, pero “las mujeres con discapacidad nos quedamos fuera entonces y nos seguimos quedando fuera, y eso sucede seguramente porque el movimiento de mujeres con discapacidad era todavía incipiente y débil en la negociación internacional y es una situación que seguimos viviendo hoy”. 

 

Según Ana Peláez, ese amplio sector de la población mundial, 600 millones de mujeres con discapacidad en el mundo, no tiene organizaciones específicas lideradas por las propias mujeres con discapacidad, pero tampoco logran verse incorporadas a las organizaciones de mujeres ni a las de discapacidad. Se debería favorecer el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad, de las madres de las mujeres y niñas con discapacidad, para que creen sus propias organizaciones, porque “son sus voces las que nos podrán permitir avanzar en todo esto”, asegura. 

 

No obstante, la representante de la FCM ha valorado positivamente que la Agenda 2030 sirva para reforzar agendas políticas encaminadas al cumplimiento de tratados internacionales vinculantes como la Convención Internacional de la Discapacidad o la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y, a su vez, estos tratados enriquecen la implementación de los ODS.

 

Para finalizar, enumera cuatro mensajes que considera prioritarios en torno a la cuestión debatida en este conversatorio. El primero se refiere a los datos de acceso al empleo de mujeres con discapacidad, “y es la importantísima tasa de inactividad, en nuestro país, creo que trabaja solo 1 de cada 14 mujeres con discapacidad” asegura Peláez. Como segundo mensaje, advierte de que en FCM están muy preocupadas por “las condiciones en las que operan Centros Especiales de Empleo y Centros Ocupacionales, que no son transparente ni con la actividad desarrollada ni con otros procedimientos fundamentales de garantías de derecho y protección, como son temas de violencia y abuso”. En tercer lugar, comenta la problemática relacionada con el teletrabajo y el reto que supone para muchas mujeres con discapacidad que no están alfabetizadas digitalmente: “Necesitamos formación para las mujeres más excluidas”, exige. Y finaliza con otra preocupación relacionada con el trabajo informal y “la contratación no decente que siguen sufriendo muchas mujeres en situación de exclusión, entre ellas las mujeres con discapacidad, porque muchas veces no conocen sus propios derechos o la situación de pobreza les hace aceptar condiciones inhumanas”. 

 

Este conversatorio, que inicia una serie mensual, está organizado por CERMI Mujeres y CERMI Estatal con la colaboración de la agencia Servimedia, cuyo director general, José Manuel González huesa, ha sido el encargado de moderar el encuentro.